Irineo Pérez Melo.- Mientras el Partido Movimiento de Regeneración Nacional postule como candidatos a familiares de presuntos asesinos de periodistas y los dueños de medios de comunicación se beneficien con alcaldías, diputaciones locales y/o federales, así como senadurías o cargos en la administración pública “continuará la red de corrupción en la entidad”.
Esto lo aseguró María Vecchi Gerli, coordinadora de Derecho a la Verdad de la organización internacional Artículo 19, quien señaló que esta situación ha 
abonado a la impunidad y acaba con la democracia, y que ha motivado que hasta el momento ningún implicado como autor intelectual en esos crímenes ha sido detenido y llevado ante la justicia.
Durante la presentación de la investigación “Violencia letal hacia la prensa en Veracruz (2010-2016) Veracruz de los silencios” a cargo de los periodistas Paula Mónaco y Miguel Tovar, efectuado en esta capital, en donde se revela que en la historia de la entidad veracruzana, el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, es el peor para ejercer el periodismo y hacer valer la democracia, pues del 1 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2016, fueron asesinados 18 periodistas asesinados, de entre los que se incluyen al fotoperiodistas Rubén Espinosa Becerril.
María Vecchi Gerli, dijo que la organización que representa tiene conocimiento de que en el actual proceso electoral, Morena postuló como candidata suplente a la diputación local por el Distrito Electoral de Papantla a Dolores Gutiérrez Saavedra, quien es esposa del exdiputado local panista Basilio Picazo Pérez, señalado como autor intelectual del asesinato de la periodista María Elena Ferral.
Al respecto, recalcó que esto “nos parece muy representativo de las redes de corrupción de las familias que están en el poder y también de quienes son imputados y quienes siguen libres y que en ninguno de los casos hemos visto que los autores intelectuales de homicidios de comunicadores hayan sido juzgados o entregados en la justicia”.
Mientras esas personas que sean responsables de mandar matar a periodistas, agredidos o callados no sean llevadas ante la justicia, esto se sigue repitiendo, añadió.
“Esas redes siguen existiendo, porque no hay justicia, porque la justicia, desde el Estado nos dice que ‘tenemos a tantas personas en la cárcel’, dependiendo si éstas participaron o no o qué nivel de participación tuvieron y ahí es donde también hablamos de que esa justicia vaya más allá de solo detener a dos personas”, acotó.
En su oportunidad, Paula Mónaco, una de las autoras de la investigación y el libro publicado, sostuvo que en el estado de Veracruz no hay una regulación ni límites de los convenios económicos que pactan los dueños de los medios de comunicación con los gobiernos federal, estatal y municipales, mucho menos existe la prohibición de que éstos ocupen cargos públicos.
Esta situación, indicó que genera un conflicto de interés que pone en un riesgo demasiado grande a los periodistas.
“No se puede ser juez, diputado, alcalde y al mismo tiempo tener un medio de comunicación, porque el conflicto de interés no solo pone en dura la información, sino que pone en riesgo la integridad de quienes trabajan ahí”, recalcó.
